Farnsworth & Murphy, LLC: Abogado de Confiscacion de Activos en Atlanta
¿Está buscando un abogado de confiscación de activos en Atlanta? No busque más allá de Farnsworth y Murphy, LLC. Nosotros le podemos ayudar. Llámenos hoy mismo.
Abogado de Confiscación de Bienes en Atlanta
¿Está bajo investigación por tráfico de drogas, crimen organizado u otros delitos de cuello blanco? Los fiscales pueden utilizar las leyes de confiscación de bienes para confiscar sus propiedades.
La confiscación de bienes también se denomina incautación. Se refiere a que el gobierno federal toma el control de los bienes de un individuo. En otras palabras, la confiscación de activos permite a las autoridades tomar legalmente sus supuestos activos ilegales.
¿Sus bienes o propiedades han sido confiscados por la policía de Atlanta, GA? Si es así, busque la ayuda legal de Farnsworth & Murphy, LLC. Solo porque el gobierno tomo sus bienes no significa que se los puede quedar.Los Abogados de Confiscacion de Activos en Atlanta le ayudará a luchar contra las confiscaciones del gobierno para obtener resultados satisfactorios.
Ley de Confiscación de Bienes en Georgia
El Código de Georgia, § 9-16-12, permite la confiscación de posesiones en circunstancias particulares. En Georgia, sin embargo, la propiedad incautada debe cumplir con un umbral de adopción especificado para evitar la incautación ilegal de bienes.
La información legal esbozada en una denuncia durante el decomiso incluye lo siguiente:
- Descripción de la propiedad a incautar
- Nombre del propietario del bien
- Nombre del titular de los intereses
- Elementos esenciales de la infracción penal alegada
- Lugar del decomiso
Requisitos Para la Confiscación de Bienes
Georgia sigue la ley de confiscación de activos civiles para confiscar propiedades. De acuerdo con el Código de Georgia § 16-14-7, las incautaciones de activos de confiscación estatal incluyen los siguientes tipos de activos.
- Bienes cuyo valor sea de al menos 250 dólares
- Propiedad utilizada u obtenida a través de patrones de actividad de crimen organizado
- Bienes declarados de contrabando
Tipos de Procedimientos de Confiscación de Bienes en Virtud de la Legislación Federal
Existen tres tipos de decomiso que el gobierno federal puede imponer a las personas sospechosas de haber cometido un delito. El gobierno presenta pruebas que vinculan los bienes con la actividad delictiva. Tras ello, los bienes del individuo pueden ser objeto de los siguientes tipos de decomiso:
Decomiso Penal
Un procedimiento de decomiso penal se produce cuando se ha sido condenado por un delito. El gobierno estatal o federal presenta pruebas de que la propiedad contribuyó a facilitar la comisión de un delito. A su vez, el juez exige al acusado que entregue esos bienes a las autoridades.
Por ejemplo, según las leyes y penas actuales sobre la heroína, a alguien declarado culpable de transportar drogas ilegales se le puede confiscar un vehículo relacionado con el delito.
Decomiso judicial civil
La confiscación judicial civil se produce cuando la policía confisca bienes basándose en la sospecha de un delito. El procedimiento de decomiso civil no implica cargos penales contra el propietario. En su lugar, los cargos policiales son contra la propiedad.
El gobierno necesita convencer al juez mediante una preponderancia de las pruebas. Se requiere la prueba de que esos bienes estaban vinculados a un delito. Esto va más allá de la mera prueba más allá de toda duda razonable de que se produjo un delito.
Decomiso administrativo
A diferencia del decomiso civil, el decomiso administrativo no requiere la intervención de un tribunal. Las autoridades federales pueden confiscar sustancias prohibidas, objetos utilizados para transportar o almacenar sustancias controladas, dinero u otros bienes valorados en menos de 25.000 dólares bajo este tipo de confiscación de activos.
Para que una agencia gubernamental incaute bienes, sólo debe demostrarse causa probable de que estaban implicados en un delito. A continuación, es necesario publicar un anuncio en los periódicos locales durante tres semanas anunciando la intención de confiscar la propiedad. Tras la segunda publicación, las víctimas de la incautación disponen de 30 días para impugnar el decomiso y evitar una sentencia en rebeldía.
Se produce un proceso administrativo de confiscación cuando el organismo que confiscó los bienes no presenta ninguna reclamación contra la confiscación. Si no se presentan objeciones, la agencia toma posesión de los bienes y puede venderlos en subasta.
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